La extinción de dominio al Tren de Aragua en Bogotá marcó un golpe contundente contra las finanzas de esta estructura criminal transnacional. En una ofensiva liderada por el Gaula de la Policía Nacional, a través de la Comisión Especializada Contra las Finanzas Criminales (CEFIC1) y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se aplicaron nueve medidas cautelares sobre bienes utilizados para actividades ilegales en la capital.
Extinción de dominio al Tren de Aragua en Bogotá: bienes afectados
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que las acciones permitieron afectar seis bienes inmuebles, entre ellos un hotel y varios establecimientos nocturnos, ubicados en las localidades de Bosa y Kennedy.
Estos bienes, con un avalúo comercial cercano a los $8.100 millones, eran utilizados por la organización criminal para actividades como:
- Venta de estupefacientes.
- Comercialización de licor adulterado.
- Explotación sexual.
- Almacenamiento de armas de fuego.
- Planeación y ejecución de extorsiones.
La extinción de dominio al Tren de Aragua en Bogotá busca impedir que estos inmuebles sigan siendo utilizados para financiar delitos de alto impacto.
Fachadas de sindicatos para encubrir actividades criminales
Las investigaciones establecieron que varios de los establecimientos operaban bajo la fachada de supuestos sindicatos, estrategia utilizada para ocultar las actividades ilícitas y dificultar la labor de inspección, vigilancia y control de las autoridades.
Según las autoridades, la adquisición de estos bienes se realizó con recursos provenientes de extorsiones a comerciantes, tráfico de estupefacientes y otras rentas ilegales, con el objetivo de lavar activos y sostener la expansión criminal del ‘Tren de Aragua’.
Hotel vinculado a retenciones ilegales y torturas
Entre los inmuebles afectados se encuentra el Hotel Los Potrillos, identificado como un lugar donde durante 2023 se habrían cometido retenciones ilegales y actos de tortura contra víctimas de extorsión.
Este predio estaría vinculado a alias “Mizon”, señalado cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Maracuchos’ y enlace directo con la organización criminal transnacional Tren de Aragua, según los resultados de la investigación.
Captura de alias ‘Luis Maracucho’ en Chapinero
Como parte de la ofensiva contra esta estructura, mediante orden judicial fue capturado alias ‘Luis Maracucho’, señalado cabecilla del Tren de Aragua en la localidad de Chapinero.
De acuerdo con las autoridades, este individuo habría asumido el liderazgo tras la captura de alias ‘Jhonatican’ y sería responsable de dirigir la distribución y venta de estupefacientes como marihuana, base de coca y 2CB en el Parque Los Hippies y otros sectores de la localidad.
Delitos atribuidos y medida de aseguramiento
El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, informó que alias ‘Luis Maracucho’ también estaría involucrado en:
- Uso de fachadas de domiciliarios en motocicleta para transportar drogas.
- Coordinación de extorsiones a establecimientos comerciales.
- Vínculos con dos homicidios ocurridos en febrero y agosto en los barrios Villa del Cerro y Pardo Rubio.
Al momento de su captura, intentó identificarse con documentación falsa. Un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de homicidio agravado, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir con fines extorsivos.
Autoridades refuerzan lucha contra economías ilegales
El alcalde Galán señaló que la prioridad del Distrito es identificar y afectar los bienes que sostienen estas economías criminales, avanzando en procesos de extinción de dominio que debiliten a organizaciones como el Tren de Aragua.
Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, advirtió sobre el uso indebido de licencias sindicales para encubrir delitos, e hizo un llamado a fortalecer las investigaciones para establecer responsabilidades de quienes amparan estas fachadas criminales.
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La extinción de dominio al Tren de Aragua en Bogotá representa un avance clave en la lucha contra el crimen organizado, al afectar directamente sus finanzas, debilitar su capacidad operativa y proteger la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.
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