La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal formalizó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por su comportamiento durante una visita a Puerto Gaitán, Meta.
Acusaciones contra el Ministro de Salud
En su queja, María Fernanda Cabal señala que el ministro incurrió en conducta grosera, abuso de autoridad y trato humillante hacia la gerente de la ESE departamental Solución Salud de Puerto Gaitán. Según el documento presentado:
“Durante su visita, en presencia de varios funcionarios de las entidades territoriales y del personal del hospital local, el Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, con actitudes groseras y despectivas, le manifestó a la directora de ESE Solución Salud de la siguiente manera:
‘Ojalá le tocara a usted y se enfermara aquí y no tuviera familia hijueputa y la mandaran para Villavicencio o para Bogotá. Entonces detrás su familia bregando a ver cómo hace usted’”.
Cabal recalca que la ESE Solución Salud depende jerárquicamente del departamento del Meta, no del Ministerio de Salud, lo que agrava la falta de respeto y abuso de poder evidenciado en el episodio.
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Fundamentos legales de la queja
La queja cita el artículo 6 de la Constitución Política y la Ley 1952 de 2019, que regulan el deber de los servidores públicos de actuar respetando la legalidad y los principios éticos. En particular, se señala que el comportamiento de Jaramillo:
- Infringe el deber de trato digno entre funcionarios públicos.
- Podría constituir violencia verbal o psicológica con enfoque de género.
- Afecta la moral del personal de salud y la confianza ciudadana.
Cabal solicita a la Procuraduría analizar los hechos, determinar si se cometió falta disciplinaria y, de ser así, imponer las sanciones correspondientes.
Solicitudes y pruebas aportadas
Entre las pruebas entregadas están:
- Enlaces de publicaciones en la red social X (antes Twitter) y medios de comunicación donde se evidencian los hechos.
Finalmente, la senadora Cabal enfatiza que “no puede un funcionario público abusar de su poder y posición para maltratar a los demás”, e insta a que se garantice el respeto a la dignidad humana en el ejercicio del poder público.
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