El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que interpondrá una denuncia penal contra el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, tras sus declaraciones públicas en la Plaza de Bolívar donde admitió haber participado en la organización de bloqueos al sistema de transporte TransMilenio durante el reciente paro nacional de 48 horas.
Galán calificó esta confesión como evidencia clara de que los bloqueos no fueron espontáneos, sino premeditados, afectando directamente los derechos fundamentales de los bogotanos.
“El señor Arias confiesa claramente que los bloqueos al sistema de transporte no fueron una acción aislada. Fueron acciones deliberadas para afectar los derechos de la gente”, expresó el mandatario capitalino en su cuenta de X.
Bogotá activará acciones judiciales
El alcalde confirmó que, con base en esta confesión pública, la Alcaldía presentará este miércoles una denuncia penal para que sea la justicia la que determine si se incurrió en delitos contemplados en el Código Penal colombiano, particularmente relacionados con la obstrucción a servicios públicos esenciales.
Durante las jornadas del paro, miles de ciudadanos se vieron impedidos de movilizarse hacia sus trabajos, centros educativos y hospitales. Galán insistió en que Bogotá no puede permitir que se tomen decisiones políticas que vulneren los derechos de millones, especialmente cuando estas son admitidas públicamente por sus organizadores.
“Básicamente lo que hicieron fue joder a la gente”, sentenció Galán en un mensaje directo que ha despertado reacciones divididas en redes sociales.
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Libertad sí, pero sin atropellar derechos
La confesión de Arias y la respuesta institucional de Galán abren el debate sobre los límites legítimos de la protesta social. Defender las libertades no puede significar anular las de otros. El uso de bloqueos como táctica política no solo vulnera el derecho a la movilidad, sino que convierte a los ciudadanos en rehenes de agendas sindicales que hoy gozan de recursos, plataformas y respaldo institucional.
La denuncia penal busca sentar un precedente: el derecho a la protesta no otorga licencia para vulnerar derechos ajenos ni bloquear servicios públicos esenciales.
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