Senadora afirma que el programa “pagar por no matar” supera incluso presupuesto del Icetex y no muestra resultados contra la violencia.
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal lanzó fuertes críticas contra el programa Jóvenes en Paz, conocido popularmente como “pagar por no matar”, tras revelar cifras oficiales que, según ella, demuestran un gasto excesivo en burocracia y subsidios a jóvenes presuntamente vinculados con estructuras criminales, mientras miles de estudiantes colombianos carecen de recursos para acceder a la educación superior.
Más dinero para ‘Jóvenes en Paz’ que para el Icetex
Según documentos obtenidos por derechos de petición, Cabal indicó que el programa Jóvenes en Paz ha recibido $566.000 millones, cifra superior a los $432.000 millones destinados al Icetex en 2024.
“Se ha preferido destinar recursos públicos al sostenimiento de estructuras vinculadas a la criminalidad juvenil, en lugar de garantizar acceso a la educación superior para miles de estudiantes”, expresó la senadora.
Los datos oficiales del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) señalan que, hasta el 31 de mayo de 2025, el programa transfirió $60.581 millones a 14.870 jóvenes, de los cuales 4.365 son menores entre 14 y 17 años y 232 jóvenes son extranjeros.
Burocracia y gastos que superan ayudas directas
Cabal también denunció que entre agosto de 2024 y abril de 2025 se han invertido $137.000 millones en funcionamiento, de los cuales más de $91.000 millones corresponden a gastos de personal. En contraste, la cifra transferida a los beneficiarios es ampliamente inferior.
La senadora cuestionó la falta de resultados del programa, citando el caso del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, donde uno de los implicados era beneficiario de Jóvenes en Paz, lo cual —afirmó— contradice el propósito de desmovilización juvenil del gobierno.
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“Con esos recursos se podrían financiar estudios de 200.000 jóvenes”
Cabal concluyó que, con los recursos invertidos en Jóvenes en Paz, sería posible financiar créditos educativos para más de 200.000 jóvenes vulnerables, lo cual representaría una alternativa real y sostenible frente al enfoque actual del gobierno.
La polémica abre el debate sobre las prioridades presupuestales y la eficacia de programas sociales frente a necesidades urgentes como el acceso a la educación superior en Colombia.
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