El Tribunal Superior de Bogotá revocó la medida de detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, otorgándole libertad provisional mientras se resuelve la apelación de la condena de 12 años de prisión por manipulación de testigos. La decisión, que se ajusta al principio jurídico de que toda persona goza de la presunción de inocencia hasta que exista un fallo en firme, generó de inmediato reacciones en el escenario político y judicial.
Cepeda: aceptación del fallo, pero con críticas a Uribe
El senador Iván Cepeda, reconocido interviniente en el proceso, sostuvo que las víctimas respetan la independencia de los jueces, aunque insistió en que la libertad del expresidente plantea preocupaciones:
“Respetamos esta decisión más no la compartimos. Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra, y creemos que la medida que impuso la jueza Heredia de alguna manera era para protegernos de ese tipo de acciones”.
Cepeda anunció que el proceso continuará en apelación, y que desde la representación de las víctimas mantendrán las acciones jurídicas correspondientes, bajo un mensaje de calma y serenidad.
Juristas recordaron que, en ausencia de un fallo de última instancia, la privación de la libertad solo procede de manera excepcional. Esta garantía es un pilar del Estado de derecho, pues busca evitar condenas anticipadas que lesionen la dignidad y los derechos fundamentales de los procesados.
El principio de la libertad hasta sentencia definitiva
El debate público, sin embargo, se concentra en si Uribe puede utilizar su libertad provisional para influir en la opinión y en el proceso judicial, algo que críticos consideran una amenaza a la independencia judicial.
Un caso que marcará precedente político y jurídico
La decisión del Tribunal no solo impacta la situación jurídica de Uribe, sino que además proyecta un mensaje hacia la ciudadanía: la justicia colombiana debe demostrar que actúa bajo criterios de imparcialidad y que el poder político no condiciona el curso de los procesos penales.
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Mientras tanto, la apelación será clave para definir el desenlace de un caso que ya se perfila como uno de los más significativos en la historia reciente del país, tanto por su carga política como por lo que representa en términos de confianza institucional.
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