El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, están en medio de una disputa pública sobre el proyecto del Metro de Bogotá. Petro ha acusado a López de adquirir propiedades sin los estudios de diseño necesarios y de “expropiar” a las familias de Bogotá. La alcaldesa, por su parte, ha defendido la adquisición de los bienes como necesaria para la construcción de estaciones elevadas y ha señalado que no hacerlo podría resultar en un detrimento patrimonial.
Petro ha sostenido que subterráneo es la mejor opción para el Metro de Bogotá, ya que todos los predios se valorizarían, incluidos los expropiados. Además, ha cuestionado los recursos para la segunda línea del proyecto, afirmando que no estarán disponibles hasta 2028 y que su gobierno terminará en 2026.
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La procuradora Margarita Cabello ha pedido al gobierno nacional que muestre la documentación y los conceptos jurídicos que permitirían replantear la primera línea del proyecto del Metro de Bogotá. Cabello ha señalado que la documentación es clave para determinar si la construcción subterránea sería más costosa para la ciudad. Sin embargo, ha mencionado que existen preocupaciones sobre la alteración de un contrato ya firmado y ha indicado que la procuraduría revisará todos los conceptos y documentos completos antes de tomar una decisión.
La contienda política en torno al Metro de Bogotá es solo la última de una serie de disputas entre Petro y López, y ha generado un fuerte debate público sobre la mejor manera de abordar este importante proyecto para la ciudad. Mientras tanto, la procuraduría espera obtener más información antes de tomar una posición definitiva.
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