El proyecto de expropiación exprés del gobierno de Petro amenaza la propiedad privada y elimina el debido proceso, generando un peligro inminente para la seguridad jurídica en Colombia.

La compra de coca por parte del Estado es una medida inmoral que utiliza los recursos de los contribuyentes en un mercado ilícito, cuando deberían destinarse a fortalecer la seguridad y satisfacer las necesidades insatisfechas de la población.