El gobierno del presidente Gustavo Petro ha dado luz verde a un proyecto de ley con mensaje de urgencia para la reglamentación de la Jurisdicción Agraria y Rural. Este proyecto, que en principio busca resolver conflictos en el campo y dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las Farc, ha levantado una alerta preocupante por la inclusión de un mecanismo de “expropiación exprés”. La representante Katherine Miranda ha sido una de las voces más críticas, denunciando que esta iniciativa amenaza la propiedad privada en el país y podría derivar en una vulneración de derechos fundamentales.
Expropiación exprés: un ataque a la seguridad jurídica
Uno de los puntos más críticos del proyecto es la posibilidad de expropiar tierras que, según el Gobierno, “se alineen con la reforma agraria y rural”. Este concepto es tan amplio y poco claro que pone en riesgo la seguridad jurídica de los propietarios de tierras en Colombia. La pregunta que surge es: ¿bajo qué criterio se decidirá que una propiedad debe ser expropiada? ¿Qué garantías existen para los dueños de tierras productivas y legítimamente adquiridas?
Otros artículos de interés: Petro usará dinero de los contribuyentes para comprar coca
El liberalismo defiende la propiedad privada como un derecho esencial para la libertad y el desarrollo económico. La propiedad privada no solo garantiza la seguridad y la estabilidad para los individuos, sino que también fomenta la inversión, la producción y el progreso de una sociedad. Sin un marco claro y transparente que proteja este derecho, el riesgo de abuso y arbitrariedad por parte del Estado se incrementa exponencialmente.
El debido proceso en juego
Otro de los elementos más controvertidos de este proyecto es la eliminación del debido proceso en los casos de expropiación. Según denuncia la representante Miranda, la expropiación total y exprés que propone el Gobierno elimina las garantías procesales que cualquier ciudadano debería tener para defender su propiedad ante la justicia. Este atropello a los derechos fundamentales debilita gravemente el Estado de derecho en Colombia.
El debido proceso es un principio básico en una democracia liberal. Es la salvaguarda que asegura que, antes de que el Estado pueda quitarle la propiedad a alguien, exista un proceso judicial justo, donde todas las partes puedan ser escuchadas y donde se presenten pruebas claras que justifiquen la expropiación. Sin estas garantías, el Estado podría actuar de manera arbitraria, afectando a personas que han trabajado sus tierras de forma legítima.
El riesgo de legalizar las invasiones
El proyecto también contempla la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) reciba “superpoderes” para resolver conflictos agrarios. Esto incluye la capacidad de dirimir asuntos donde no exista una regla clara de competencia, lo que le otorgaría una discrecionalidad excesiva. En la práctica, esto podría derivar en la legalización de las invasiones de tierras, un fenómeno que ya ha causado conflictos y tensiones en diversas zonas del país.
Legalizar las invasiones no solo representaría un ataque directo a la propiedad privada, sino que también generaría inestabilidad y caos en las zonas rurales. Los propietarios de tierras, sean grandes o pequeños, tendrían que enfrentarse a la incertidumbre de no saber si el Estado protegerá su derecho a la propiedad o si los dejará desamparados frente a los invasores. Esto, lejos de resolver el problema de la tierra en Colombia, lo agravaría al fomentar el conflicto social en el campo.
Prioridades erróneas: el enfoque que Colombia necesita
El proyecto de ley no parece abordar los verdaderos problemas estructurales que afectan al campo colombiano. En lugar de centrarse en expropiaciones exprés y reformas agrarias precipitadas, el Gobierno debería enfocarse en crear un marco legal que promueva la productividad, el acceso a créditos para campesinos, la inversión en infraestructura rural y la seguridad jurídica para todos los propietarios de tierras.
Los problemas de la tierra en Colombia no se resolverán arrebatando propiedades a unos para dárselas a otros, sino generando un entorno de estabilidad y prosperidad en el que todos puedan beneficiarse de las oportunidades del campo. La propiedad privada debe ser defendida y fortalecida como un motor de desarrollo, no vista como un obstáculo para el progreso.
Noticias de Cundinamarca | Noticias de Antioquia | Noticias de Boyacá
