La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación contra los ministros del Interior y Defensa, Alfonso Prada Gil e Iván Velásquez Gómez, por presunta omisión de funciones durante las manifestaciones que tuvieron lugar en San Vicente del Caguán, donde 79 policías fueron retenidos por más de 24 horas.

La Sala Disciplinaria de Instrucción llevará a cabo la investigación para establecer los hechos de incidencia disciplinaria en los que pudieron incurrir los funcionarios y determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvieron lugar los hechos que fueron reportados por los medios de comunicación.

¿Falta disciplinaria?

La Procuraduría además indicó que se investigarán los comportamientos que por acción u omisión podrían haber desplegado Prada Gil y Velásquez Gómez durante las manifestaciones, y si estos podrían constituir una falta disciplinaria a la luz del Código General Disciplinario. Para ello, se ha solicitado la práctica de pruebas conducentes al esclarecimiento de la situación.

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¿Qué consecuencias traerá para los minisros?

Si se demuestra la responsabilidad de los ministros en la presunta omisión de funciones, podrían enfrentar consecuencias disciplinarias que van desde una amonestación hasta la destitución del cargo. La Procuraduría ha afirmado que se actuará con rigurosidad en este caso, garantizando el debido proceso para los investigados y protegiendo los derechos de los ciudadanos afectados por los hechos.

En pocas palabras

  • Procuraduría abre investigación previa contra ministros del Interior y Defensa por presunta omisión de funciones durante las manifestaciones en San Vicente del Caguán.
  • La investigación busca establecer hechos de incidencia disciplinaria y las circunstancias en que tuvieron lugar.
  • La Procuraduría investigará los comportamientos de los ministros y si podrían constituir una falta disciplinaria.
  • Las consecuencias para los ministros podrían ser desde una amonestación hasta la destitución del cargo.
  • Se actuará con rigurosidad y garantizando el debido proceso para los investigados y protegiendo los derechos de los ciudadanos afectados.

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